La situación que vivía el país en tiempos de Isabel II era muy inestable. La guerra de la Independencia y más tarde el conflicto sucesorio con el desarrollo de la primera guerra carlista, así como el Trienio Liberal y la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luís, habían agotado los recursos del país, se causó una fuerte hambruna y se lanzaron al campo numerosas partidas de guerrilleros que actuaban en uno y otro sentido según soplase el viento. El estado de inseguridad que existía en los caminos era tal que no había ningún trayecto seguro que permitiese el tránsito del comercio entra las provincias, se produjo un auge del bandolerismo.
En este orden de cosas, el Gobierno tomó la decisión de fundar un cuerpo especializado en la vigilancia rural que garantizase los caminos y que combatiese contra los ladrones, cuyo número había crecido en los últimos años. Ese cuerpo no fue otro que la Guardia Civil, que patrocinado por el jefe del Gobierno, Gonzalo Bravo, el 28 de marzo de 1844 quedó definitivamente constituido bajo Narváez, quien remitió a Isabel II para su rúbrica un real decreto de fecha 13 de mayo que designaba al duque de Ahumada como encargado de llevar a cabo la formación de tal tropa.
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